docencia: marzo 2011

Academia Mexicana de la Educación, A. C. Sección Veracruz

Víctor Manuel Vásquez Gándara

Teórica y empíricamente hay acuerdo referente a la existencia de la relación entre logro de niveles académicos y antecedentes socioeconómicos y culturales. En nuestro país prevalece desde hace siglos una multiculuralidad y diversidad de niveles socioeconómicos traducidos en inocultables pero también reconocidas desigualdades educativas. En función a lo anterior el Estado ha invertido recursos públicos con miras a solucionar esa problemática, implementado programas destinados a disminuir tal desigualdad: enciclomedia, útiles escolares, oportunidades, son algunos de esos programas.

A ese conjunto de programas –sin considerarse como tal- se une el Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de febrero con efectos a operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011.

El estímulo fiscal expedido estuvo fundamentado entre otras consideraciones en que: “…la educación como parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo”.

El decreto puede visualizarse por lo menos desde tres dimensiones: fiscal, política y educativa:

Dentro de la dimensión fiscal, deducir colegiaturas requiere que padres de familia se encuentren dentro del supuesto indicado en el decreto: contribuyan con el fisco como arrendadores de inmuebles; cobren honorarios; estén bajo el régimen de sueldos y salarios o; figuren en el padrón de la S.H.C.P. con actividad empresarial, todo dentro del rubro de personas físicas. Para quienes ignoren este contexto deberán auxiliarse de un especialista en impuestos.

En la dimensión política, el decreto ha sido utilizado tanto para reconocer a la administración pública federal como también para criticarla o vituperarla. Un líder sindical, por ejemplo, está reuniendo agremiados para expresarles que el estímulo fiscal “está poniendo en riesgo el trabajo del profesorado de las escuelas públicas”. Quizá se difunda está idea por ignorancia o sólo para contradecir toda acción gubernamental por provenir de partido político diferente. Otros interpretan esta acción como el incio de tender a privatizar la educación.

Finalmente en la dimensión educativa, interés de esta reflexión, el decreto en cuestión beneficiará a un estrato social bien definido haciendo realidad, por lo menos parcialmente, algunas de las consideraciones tomadas en cuenta al emitirlo.

En principio, las desigualdades educativas no acabarán con este decreto ni con ninguna otra medida similar, sin embargo tampoco deben dejar de reconocerse ni minimarse sus beneficios: Se reitera, son parciales pero sí contribuyen en algo.

Algunas familias de clase media recibirán el beneficio mejorando un poco su economía familiar: destinar recursos originalmente ocupados para el pago de colegiaturas por un monto entre el rango de catorce mil doscientos pesos hasta una cantidad no mayor de veinticuatro mil quinientos y canalizarse a otra clase de gasto prioritario, sin duda es ua ayuda económica.

Tal vez la premisa expuesta en el Decreto acerca del objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en el Sistema Educativo Nacional, no se cumpla, porque sin duda los estratos sociales más desprotegidos no están en condiciones ni tampoco lo desean de pagar el costo de oportunidad –dejar de percibir un ingreso para optar por estudiar.

Valdrá la pena en el corto plazo realizar una investigación seria respecto a la eficiencia académica y eficacia económica del decreto y así emitir un criterio objetivo

docencia

jueves, 17 de marzo de 2011

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lunes, 7 de marzo de 2011

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD Desigualdad Educativa y deducibilidad de colegiaturas